Javier García (ReMC), Agustín Yanel (FeSP) y Yolanda Quintana (PDLI) tras presentar la cara en registro
La Red de Medios Comunitarios (ReMC), la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) han solicitado por escrito a la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, y al secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, Francisco Polo, que se cumpla la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) y se acabe inmediatamente con el bloqueo en el acceso a licencias de emisión a los medios de comunicación. Esta situación perjudica a más de 5.000 personas que ejercen su derecho a comunicar por los medios sin ánimo de lucro y a las miles que escuchan y ven estas emisoras.
En el comunicado emitido ayer 21 de junio de 2018, ReMC, FeSP, PDLI piden al Gobierno que cambie la actitud que ha mantenido hasta ahora la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital sobre este asunto. La gestión del espectro radioeléctrico debe ajustarse a la realidad: sí hay espacio para los medios comunitarios en el dial. Además, dar seguridad jurídica a estas iniciativas ciudadanas es beneficioso para todo el sector audiovisual, ya que recorta el espacio a las emisiones pirata que hacen competencia desleal a otros operadores, tal y como asegura un informe jurídico de la Generalitat de Cataluña.
“Siempre hay tiempo para hacer justicia, aunque sea tarde. Pero para hacer historia solo hay una oportunidad. Y solo el Gobierno puede hacerlo. Este país y las miles de personas y organizaciones vinculadas a los medios comunitarios lo necesitamos”, subraya Mariano Fernández, presidente de la ReMC y miembro de Cuac FM.
“Es el momento de acercarnos a Europa en la democratización de la comunicación, promoviendo los medios comunitarios, impulsando el derecho de acceso de la ciudadanía a los medios de comunicación públicos, fomentando la alfabetización mediática y acabando con las Leyes Mordaza. En materia de comunicación, España aún no es una democracia plena”.
“En un país democrático es escandaloso e inconcebible que, ocho años después de la entrada en vigor de la LGCA, el Gobierno del PP no haya cumplido la disposición que le obligaba a elaborar en el plazo de un año un reglamento para la concesión de licencias”, ha manifestado el secretario general de la FeSP, Agustín Yanel.
“El Ejecutivo del PSOE debe hacerlo ahora, y los grupos parlamentarios deberían modificar la ley citada, para que el espacio radioeléctrico se reparta por tercios: una parte para los medios públicos, otra para los privados y una para los medios comunitarios”.
“Cuando en Europa desde las instituciones se reconoce como un problema la concentración mediática y la falta de pluralidad en la propiedad de los medios, en España seguimos sin ponerle solución, a pesar de que tenemos una norma, la Ley General de Comunicación Audiovisual, que abrió el camino a paliar ese déficit reconociendo el papel de los medios comunitarios”, ha explicado la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez.
“Desde la PDLI, convencidos de la importancia de los medios comunitarios para el derecho a la información a la ciudadanía que defendemos, exigimos el cumplimiento de la LGCA en lo que respecta a estos medios y el cese de los obstáculos legales para su funcionamiento y sostenibilidad”
Ejemplo de la desigualdad y la persecución a los medios comunitarios es el caso de CUAC FM que el pasado mes de septiembre fue expedientada por la Xunta de Galicia con una amenaza de sanción de entre 100.000 y 200.000€. Finalmente, tras las alegaciones presentadas por CUAC, el expediente sancionador fue archivado pero la Xunta PROHIBIÓ explícitamente a CUAC volver emitir en la FM.
En junio de 2017, hace ya un año, la misma mayoría parlamentaria que ha votado a Sánchez para llegar a La Moncloa (y algunos partidos más, como Ciudadanos y todo el Grupo Mixto) aprobó una proposición no de ley (PNL) en la que instaban al Ejecutivo de Mariano Rajoy a cumplir la LGCA en materia de medios comunitarios; es decir, a planificar licencias para estas radios y televisiones.
En esa PNL también piden al Gobierno que otorgue autorizaciones provisionales a los medios comunitarios anteriores a 2009. Cuatro comunidades autónomas han solicitado al Ejecutivo que planifique espectro radioeléctrico para los medios comunitarios, de forma que posteriormente las autonomías puedan adjudicar estas licencias. Se trata de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Islas Baleares y Andalucía. Navarra también ha anunciado que lo solicitará.
Tras la PNL, el Gobierno del PP siguió ignorando la voluntad popular y la de sus representantes. Eso no ha sido menos grave que haber incumplido la LGCA durante 7 años, haber excluido a las televisiones comunitarias del reparto de licencias de la TDT (el Comité de Derechos Humanos de la ONU investiga a España por ello) y, en definitiva, no haber planificado frecuencias para radios y televisiones comunitarias sin ánimo de lucro.
En la misiva, ReMC, FeSP, PDLI piden al Gobierno que cambie la actitud que ha mantenido hasta ahora la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital sobre este asunto. La gestión del espectro radioeléctrico debe ajustarse a la realidad: sí hay espacio para los medios comunitarios en el dial. Además, dar seguridad jurídica a estas iniciativas ciudadanas es beneficioso para todo el sector audiovisual, ya que recorta el espacio a las emisiones pirata que hacen competencia desleal a otros operadores, tal y como asegura un informe jurídico de la Generalitat de Cataluña.